Política

EDITORIAL/EL CÍRCULO ROJO

Presos políticos y políticos presos

El debate sobre si existen o no presos políticos en la Argentina, el lawfare y un Poder Judicial que renguea siempre para el mismo lado. Editorial de “El Círculo Rojo”, programa de La Izquierda Diario que se emite los domingos de 21 a 21 h por Radio Con Vos, 89.9.

Fernando Rosso

@RossoFer

Domingo 16 de febrero | 23:03

  •  Un debate irrumpió dentro de la coalición gobernante en relación a al tema de los presos políticos. El presidente, Alberto Fernández, dijo que era una polémica “semántica” porque refiere a cómo debe denominarse a las personas públicas privadas de su libertad, vinculadas a causas políticas: para Fernández son “detenciones arbitrarias”; otros aseguran que son “presos políticos”.
  •  El argumento del presidente es que los presos políticos sólo existen cuando están a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no solo habla mal del conocimiento del propio presidente sobre esta cuestión (siendo que siempre destaca su formación en Derecho), además constituye un pésimo precedente. La discusión se basa en un equívoco: separar absolutamente presos por causas de corrupción a motivaciones políticas; según esta mirada si son presos políticos, no son corruptos y si son corruptos, no serían presos políticos. En muchos casos esto es más complejo.
  •  Contra la propia definición de Fernández, en su momento el mismo visitó al expresidente de Brasil, Lula Da Silva, a quien consideraba un preso político, aunque estaba detenido con dos sentencias de la Justicia.
  •  En la Argentina existen cientos de ejemplos de presos políticos a través de procesos judiciales: Daniel Ruiz y varios otros fueron presos por movilizarse contra la reforma previsional en 2017. Hay miles de procesados por participación en luchas sociales y sindicales, es decir, por casusas políticas. Milagro Sala fue detenida por participar de una movilización y luego se le agregaron ilegalmente causas posteriores -hasta desde el Poder Judicial de Jujuy se reconoció que era por motivaciones política-; Luis D’Elía está preso por haberse movilizado a comisaría en repudio del asesinato de un militante social efectivizado a sangre fría por un sicario que trabajaba para la Policía.
  •  Afirmar que solo hay “detenciones arbitrarias” le lava el rostro al Poder Judicial y lo coloca en un lugar “imparcialidad” que niega la práctica que se ha conocido como lawfare: una guerra judicial con complicidad mediática (y de los servicios de inteligencia) para atacar a sectores políticos. Además, esa definición abona la teoría de la “manzana podrida”: el problema no sería un sistema judicial de conjunto, sino tan sólo algunos jueces que “interpretan” mal las leyes.
  •  Históricamente, la mayoría del personal político acusado por corrupción resulta absuelto, a excepción de cuando se quiere arreglar cuentas con una fracción. Esto no quiere decir que haya detenidos que sean a la vez responsables de hechos de corrupción y detenidos políticos.
  •  Una mayoría de los golpes de estado en los años setenta del siglo pasado en América Latina e incluso, los más recientes “golpes institucionales” tuvieron como justificación “terminar con la corrupción”. Y en muchos ejemplos, como en Brasil, sirvió para poner límites a las libertades democráticas y la instauración de regímenes semitotalitarios o de democracias tuteladas.
  •  La utilización del Poder Judicial para organizar movidas políticas partió del seno del imperio en EEUU. Allí nacieron operaciones como la de “Odebrecht” que surgió en Brasil y se extendió por el continente o los famosos “Cuadernos de la corrupción” en la Argentina. Como escribí en su momento en un artículo para la revista Anfibia, ese tipo de causas -como la de los cuadernos- eran tan verosímiles como tan difíciles de creer: nadie podía negar la existencia de corrupción, como nadie podía desconocer que a la Justicia y a los medios que operaron con ella, la motivaban objetivos políticos. El castigo a la corrupción real no vendrá de estos aparatos.
  •  No reconocer que el Poder Judicial actúa políticamente, en función de los intereses de poder -nacionales e internacionales- es una forma de complicidad o de encubrimiento. Para las grandes mayorías populares es importante denunciar y señalar esto porque la actuación política del sistema judicial y la violación flagrante de las libertades democráticas por parte de la Justicia se puede utilizar y se utiliza contra todos. Por eso reclamar el desprocesamiento de todos los que se movilizaron para luchar por sus derechos o el cese de las persecuciones contra ellos. Exigir que se termine con los privilegios de jueces, elegir a los magistrados por el voto popular e imponer el juicio por jurados, son medidas elementales.
  •  Lo que el presidente desconoce o aparenta desconocer es que toda discusión “semántica” es una discusión política. La política no se reduce a palabras, pero también está hecha de palabras y en las luchas por el sentido se encierra una lucha política.
  •  Porque, en última instancia, con ese sistema judicial (hecho a la imagen y semejanza de este sistema social y político) toda arbitrariedad es política.





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