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Trump declara la emergencia nacional en Estados Unidos por el coronavirus

Después de las críticas por minimizar la situación de la crisis del coronavirus, Trump dio este viernes un giro declarando la emergencia nacional, que implicaría un desembolso de 50.000 millones de dólares para repartir entre los distintos estados, pero dando al mismo tiempo un gran poder al gobierno federal.

Viernes 13 de marzo | 18:00

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes emergencia nacional debido al coronavirus, una medida que permitiría desbloquear hasta 50.000 millones de dólares en fondos federales para ayudar a los estados y localidades de EE.UU. a combatir la enfermedad.

La decisión de Trump llega luego de numerosas criticas por haber negado durante semanas la magnitud del brote de coronavirus y la posible extensión en Estados Unidos. En las primeras conferencias de prensa dijo que no había de que preocuparse e incluso llegó a mentir diciendo que pronto tendrían una vacuna, algo que era incomprobable y que fue negado por los especialistas. En su última aparición el miércoles por la noche, no solo cometió múltiples errores sobre la situación y las medidas que se estaban tomando en Europa, sino que llamó al coronavirus como un "virus extranjero", lo que suscitó el rechazo inmediato en las redes por la connotación xenófoba.

En la conferencia de prensa de la tarde de este viernes Trump afirmó que "otorgaremos 50.000 millones de dólares, una suma importante, para los estados y municipios”, y que es para "liberar todo el poder del gobierno federal, [que] estoy declarando oficialmente una emergencia nacional”,

Es decir inyectar a los estados dinero, por un monto que a esta altura no se sabe si es suficiente, a cambio de concentrar poderes en el gobierno federal para llevar adelante la crisis. En principio esta declaración pondría a la Agencia Federal de Administración de Emergencias (FEMA, según sus sigla en inglés) al frente de la coordinación de la respuesta con los gobiernos estatales y locales.

La FEMA carga en su pasado con enormes críticas sobre la forma en la que actuó durante la catástrofe del huracán Katrina en 2005. No solo porque fue lenta y poco efectiva sino, sobre todo, porque de la mano de entonces Gobierno de Bush la FEMA dejó a miles de personas pobres -mayoritariamente negras- hacinadas en el estadio Superdome de Nueva Orleans, mientras militarizaban toda la ciudad para garantizar la propiedad privada antes que la vida y la salud de los damnificados.

La situación actual es aún más compleja, no solo porque se trata de una crisis en todo el territorio nacional, sino por la privatización del sistema de salud y el lobby de los laboratorios y farmacéuticas, por la falta de un seguro se salud público general y por la casi inexistente licencia por enfermedad para la mayoría de los trabajadores.

Esto provoca que miles de trabajadores y trabajadoras no solo no puedan pagar un test, ni tampoco una consulta en una sala de emergencia, sino que tampoco puedan tomarse días de licencia en el trabajo en caso de tener síntomas por la inexistencia de licenias pagas por enfermedad. Millones de personas tienen que elegir entre faltar al trabajo y no cobrar, o ir a trabajar enfermas, lo que ha estado haciendo la mayoría, para no morir de hambre.

A esto hay que sumar que existen varias denuncias que señalan que muchos de los primeros test que se utilizaron eran defectuosos. Todo esto genera un cuadro general en el que los números de personas infectadas son absolutamente ficticios y es posible que en este tiempo en el que no se tomaron acciones miles de trabajadores y trabajadoras hayan contraído el virus, contagiando a su vez a sus compañeros y compañeras.

Es por esto que una de las medidas anunciadas por Trump es un giro de 180 grados y plantea conseguir los test necesarios "para hacerlo a las personas en sus automóviles en áreas designadas", el método que se utiliza en Corea del Sur. Algo que incluso hasta hace dos días el jefe de los Centros para el Control de Enfermedades, Robert Redfield, había dicho que no era necesario. A esta situación compleja, se agrega la intromisión de las empresas, como Google, con la que el Gobierno hará un convenio para recolectar datos de las personas con síntomas y realizar los tests. Detrás de las emergencias a las que el Estado no puede responder estarán los intereses capitalistas que harán de esta emergencia una oportunidad para sus negocios.

Trump también anunció mediadas de incentivo económico, aunque hasta ahora estas estaban destinadas a desviar dinero a la industria farmacéutica, con la que haría un acuerdo para estos tests. Es tan evidente el lobby de estas empresas que en la conferencia de prensa, Trump hizo hablar a los CEO de compañías como Target, Walmart, CVS y Quest Diagnostics, las grandes productoras y distribuidoras que se quedarán con muchos de esos miles de millones de dólares anunciados por el presidente.

En los últimos días también se señaló que estaba en discusión la posibilidad de que el Gobierno financie las licencias por enfermedad, algo que aún no es claro ni estuvo entre las medidas anunciadas. Y en ese marco es que la realidad muestra que en las regiones afectadas las empresas ya comenzaron a realizar despidos masivos, sobre todo en aquellas donde la actividad empezó a caer como turismo, entretenimiento, gastronomía, entre otras.

En este paronama, millones de trabajadoras y trabajadores precarios empezaron a perder sus empleos. El empleo informal y de bajos salarios, que domina áreas enteras de la economía, deja a ese sector de la clase trabajadora, donde las mujeres, la juventud y las comunidades negra y latina están sobrerrepresentadas, a la intemperie frente a la emergencia sanitaria.

Los anuncios del Gobierno no brindan ninguna respuesta para millones de personas, que ya comenzaron a perder sus empleos.







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