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Acuerdo fiscal Fernández-Morales: ¿a quiénes beneficia?

Tras la reunión de Gobernadores de la UCR con Alberto Fernández, el Gobernador de Jujuy anunció el congelamiento de las reducciones fiscales pactadas a fines de 2017 con Macri. Los ingresos fiscales vienen a la baja y las inversiones de los empresarios nunca llegaron.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Martes 17 de diciembre de 2019 | 01:17

En la primera reunión oficial entre Alberto Fernández y gobernadores de la UCR de Mendoza, Corrientes y de Jujuy, Gerardo Morales, a modo de portavoz sostuvo que el Presidente solicitó la suspensión temporal por un año de la rebaja impositiva acordada en 2017 entre Macri y los Gobernadores.

La medida se instrumentó en noviembre de 2017, en el marco de la ley Nro 27.430 de reforma tributaria nacional, que involucraba a las provincias en la reducción sistemática de las alícuotas de ingresos brutos hasta el 2022.

El paquete impositivo era parte de un giro de “reformas permanentes” con las cuales Cambiemos se proponía avanzar sobre derechos de los trabajadores y facilitar los negocios de los empresarios. El resultado, luego de la modificación de la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios en diciembre, fue el inicio de la declinación del macrismo que despertó un amplio rechazo de masas por la decisión de meterle la mano en el bolsillo a los adultos mayores.

Por el lado de los empresarios que recibieron los beneficios de distintas reducciones fiscales, no tradujeron estas ventajas en nuevas inversiones y el ansiado círculo de crecimiento y empleo no ocurrió. En el caso de la provincia de Jujuy desde agosto de 2018 tiene al sector privado a la cabeza de la destrucción de empleo registrado en todo el país.

Mientras tanto, grandes grupos concentrados que pueden incluso a través de convenios multilaterales elegir el distrito fiscal para tributar ingresos brutos sostuvieron ganancias millonarias; a la vez, que despiden trabajadores en forma permanente desde 2017.

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Desde el punto de vista fiscal, el resultado tampoco fue el esperado, si no que generó un fuerte desfinanciamiento de las arcas públicas al reducir las alícuotas a los grandes contribuyentes como refleja el estudio del IARAF de septiembre de este año.

En el caso de Jujuy se puede observar en el caso de la recaudación provincial –que en un 80% proviene de los ingresos brutos- muestra una tendencia a la baja desde el 2018 hasta noviembre de este año medida respecto a la inflación (Gráfico 1).

Fuente: elaboración propia en base a datos del ministerio de Hacienda de Jujuy.

Así mismo, tanto la recaudación provincial como la coparticipación crecen por detrás de la inflación, recibiendo un ajuste indirecto que tiene a su vez valores menores comparados con enero de 2016 (Gráfico 2). O sea, los cuatro años de Cambiemos y el gobierno de Morales, han dado lugar a menores ingresos fiscales. Esto ocurre en una provincia con un déficit fiscal estructural y donde el poder Ejecutivo solicitó un reperfilamiento de la deuda pública.

Fuente: elaboración propia en base a datos del ministerio de Hacienda de Jujuy.

Ganancias conservadas

El congelamiento de las rebajas de los ingresos brutos acordado entre el Presidente y los Gobernadores, en el caso de Jujuy deja un importante beneficio a los grandes empresarios. En el caso de los productores de caña de azúcar, tabaco o legumbres (productos de exportación), el sector de “producción primaria” conserva una reducción del 78% de las alícuotas (3,5 % en 2017 a 0,75% en 2019). Los empresarios de “productos no alimenticios” quedaron con una reducción del 57% (3,5% en 2017 a 1,5% en 2019) y las constructoras con una baja del 28,5% (de 3,5% en 2017 a 2,5% en 2019).

Con esta medida se mantienen los logros de los grandes empresarios, mientras el Estado nacional busca un conjunto de resoluciones que le permitan contar con recursos fiscales hacia estructurar su propuesta de pago de la deuda a los especuladores financieros y a los organismos internacionales de crédito.

Mientras tanto, los trabajadores públicos y maestras siguen con salarios por debajo de la canasta familiar y con un presupuesto 2020 aprobado con los votos del PJ que trae más ajustes. Es necesario cambiar las prioridades y afectar con impuestos progresivos a los grandes empresarios y terratenientes, a los dueños de la provincia y del país. Desde ahí deben surgir recursos para los salarios, los planes sociales y las jubilaciones. Esto solo se puede lograr con la movilización del pueblo trabajador, por eso, es necesario que las centrales sindicales y gremios locales rompan la tregua con los gobiernos.







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