Economía

ENDEUDAMIENTO

Quieren honrar la fraudulenta deuda con el sacrificio de jubilados y trabajadores

La provincia de Buenos Aires se acerca al default ante el rechazo de los especuladores de postergar el pago. El ministro Guzmán busca aprobar en el Congreso el proyecto para que el pago de la deuda sea “sustentable”. La "solidaridad" de los bancos y privatizadas, te la debo.

Miércoles 22 de enero | 23:58

Los especuladores rechazaron la propuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de postergar hasta mayo el pago de U$S 250 millones del bono Buenos Aires 2021 (BP21). La negociación con los acreedores seguirá hasta fines de enero, y en caso de mantenerse el rechazo la provincia entraría en default. Un hecho que impactará en las negociaciones que lleva adelante Nación con el FMI y los acreedores privados, y en otras provincias endeudadas como Chubut.

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Por su parte, el Gobierno Nacional envió al Congreso el Proyecto de Ley de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que buscarán aprobarlo la semana próxima. El documento faculta al Ministerio de Economía para iniciar la reestructuración de la deuda. Al igual que la ley de Solidaridad aprobada a fines de 2019, la prioridad es pagar a los especuladores. El sacrificio no es para todos por igual, bancos, empresas privatizadas y las patronales agrarias siguen ganando, mientras los trabajadores y jubilados no llegan a fin de mes.

“Solidaridad” para los especuladores

En el proyecto enviado al Congreso los acreedores son beneficiados con la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros”, es decir se confirma que los nuevos bonos se emitirán bajo legislación extranjera, es la cesión de soberanía.

El fin de la ley de Solidaridad aprobada en diciembre es honrar la “deuda odiosa” que dejó el macrismo. Los “mercados” celebraron su aprobación.

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La ley autoriza el uso de U$S 4.571 millones de reservas del Banco Central para pagar deuda. Ese monto que cobrarán los especuladores supera en más de seis veces lo destinado al bono (incluido el pago de enero) que recibirán casi 5 millones de jubilados.

La ley de Solidaridad implica una suba de la recaudación de casi el 1,7 % del Producto Bruto Interno (PBI) aunque el ministro Guzmán aclaró que “no es un ajuste”. La mejora de la recaudación y lo que se ahorren en jubilaciones (por la suspensión de la movilidad), podría representar más de dos puntos del PBI. Es el ajuste que pretendía Macri para el año pasado y no logró, ahora se haría con recortes e incremento de impuestos. El mayor peso de la suba de impuestos recae sobre la clase media. Según algunas estimaciones aproximadamente el 45 % de la recaudación que va a obtener el Estado se recaudará del impuesto al turismo y la compra de dólares.

Millones para las patronales y bolsillos flacos para trabajadores y jubilados

Para pagar la deuda no todos son “solidarios”. Las empresas energéticas consiguieron que las retenciones a las exportaciones sólo suban tres puntos, para alcanzar un 8 %, y Guillermo Nielsen prepara un proyecto a medida de las petroleras. Las mineras también fueron beneficiadas con la reducción de las retenciones a las exportaciones (de un 12 a un 8 %).

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Los cuadros tarifarios de los servicios públicos se revisarán en los próximos 180 días, pero se avalan las últimas subas de Macri.

Otro sector que festeja son los bancos, que ganaron con la devaluación, los aumentos de las tasas de interés, y el negocio de prestarle al Tesoro y al BCRA. En el proyecto de Solidaridad no los gravan con más impuestos a pesar de ser uno de los sectores ganadores en la era Macri.

En septiembre cuando los efectos de la devaluación impactaron en los bolsillos de los sectores populares los bancos tuvieron una ganancia récord de $ 37.000 millones, que equivale al salario de más de 950.000 trabajadores.

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En tanto, las patronales agrarias se quejaron por las retenciones a las exportaciones, pero los topes que estableció la ley de Solidaridad son menores que los que regían en 2015 para todas las exportaciones agrícolas y ganaderas. El agropower por el tipo de cambio gana mucho más de lo que ganaba cuando finalizó el gobierno de Cristina Fernández.

El Gobierno decide que para pagar la deuda son los jubilados y los trabajadores los que tienen que conformarse con aumentos a cuenta gota a pesar de que la inflación de 2019 fue la más alta desde 1991.

Los jubilados perdieron en 2019 un 18 % de su poder adquisitivo. Con el bono de $ 5.000 en diciembre y enero los haberes mínimos cubren lo necesario para vivir sólo 15 días al mes. El 70 % de las jubilaciones y pensiones van a estar por debajo de la Canasta del jubilado, lo mínimo que se necesitaría para cubrir los gastos esenciales. Además, no recibirán el bono casi 2,3 millones de jubilados y pensionados.

Tras los aumentos anunciados para los trabajadores del sector privado registrado, después del incremento de febrero, el 87 % de los trabajadores no llegará a fin de mes. Suba que excluyó a las trabajadoras domésticas y los empleados rurales y que será a cuenta de futura paritaria.

Con los aumentos de salario los trabajadores registrados privados podrán vivir 23 días del mes, y los empleados públicos sólo 13 días al mes, si se considera el costo de la canasta de consumos mínimos que calcula ATE Indec, que rondó los $ 55.386 para septiembre del 2019.

El Gobierno pretende presentar que ante la tierra arrasada que dejó el macrismo todos tienen que hacer un esfuerzo. Pero el sacrificio no se les exige a todos los sectores, esfuerzo que sólo busca seguir pagando una deuda que como varios especialistas advirtieron es ilegal y fraudulenta. El nuevo proyecto enviado al Congreso avala el endeudamiento macrista.

Éric Toussaint, quien estudió sobre el endeudamiento de los países, sostuvo que “el endeudamiento con el Fondo ha sido acumulado contra el interés de la nación y del pueblo: el FMI conocía que el crédito de 57 mil millones de dólares no iba a servir los intereses del pueblo y la nación”. Fernández debería al menos auditar la deuda, el rechazo de su pago junto a otras medidas es necesario para que no sean “los de abajo” los que sigan pagando los platos rotos de la crisis.

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